El Supremo dictamina que no cambia la aplicación del Impuesto de Actos Jurídicos y que éste seguirá recayendo en los clientes que solicitan una hipoteca. El Pleno del Tribunal cumple con su función de fijar un criterio único cuando existen fallos discrepantes sobre una causa. Y lo hace optando por una vía que solo puede calificarse de plenamente razonable.
La obligación de los clientes de pagar Actos Jurídicos no puede relacionarse con la aplicación presuntamente poco transparente de una determinada cláusula. La exigencia de que este impuesto recaiga en el cliente está establecida, desde hace más de 20 años, en un reglamento estatal.
Además, la imposición de este tributo sobre la banca es incoherente con el régimen de pago al que se le somete en otros gravámenes como el IVA. Poner en cuestión estos criterios equivale a socavar los principios sobre los que el sistema hipotecario español lleva décadas funcionando.
Con su sentencia, el Supremo pone coto a esa incertidumbre jurídica. Pero, además, da un paso para atajar la tendencia a demonizar la banca, al tiempo que se infantiliza al cliente, de la que han hecho su modo de vida determinados bufetes de abogados y también partidos como Podemos. Especialmente, estos últimos recurren a una estrategia injustificable, como es responder a un debate técnico con recursos tan fuera de lugar como movilizaciones populares.
Sin duda, todos ellos estudiarán al milímetro los votos discrepantes del Pleno del Supremo, con objeto de abrir nuevos conflictos. Ahora bien, pese a esta inevitable litigiosidad, puede ya afirmarse que el Alto Tribunal asesta un contundente golpe a una forma de populismo que amenaza a la banca, las Administraciones y todo el sistema económico.
